Ana Díaz
En el año 2006 y sin previa consulta, la empresa Cementos Progreso SA de Guatemala comienza con la construcción de una carretera como parte de un proyecto más amplio, que pretende construir una mina y una fábrica de cemento en el municipio de San Juan de Sacatepéquez.
Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el 13 de mayo de 2007, las comunidades afectadas realizan una consulta para conocer la opinión de las personas de viven en la zona. De 8.950 personas con derecho a voto, 8.946 votaron contra la implantación de la industria minera en la región y 4 votaron a favor. El alcalde del municipio en ese momento, Lorenzo Parir, ya había declarado previamente la ilegalizad de los comicios.
Violación de Derechos Humanos
Desde el momento en que la consulta mostro abiertamente el rechazo de la población a los planes de la cementera, empezaron las amenazas y agresiones a las comunidades afectadas y sus representantes, tanto de grupos armados privados vinculados a la empresa Cementos Progreso, como por las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy más de noventa indígenas se encuentran encarcelados sin garantía de un juicio justo.
El 20 de Agosto de 2011, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO, realizó un trabajo en el que corrobora la continua violación de los Derechos Humanos en la zona, ¨Actualmente, persisten las intimidaciones por parte de los grupos armados de la empresa, dándose casos de agresiones y asesinatos. La empresa no ha empezado a desarrollar abiertamente su actividad pero, según informaciones de los miembros de las comunidades entrevistados, la empresa podría estar extrayendo de forma clandestina materias primas en horario nocturno¨.
Tanto desde las comunidades afectadas, como desde organismos internacionales y ONG´s se reclaman medidas que garanticen la seguridad de las personas afectadas, que se frenen las hostilidades y se respete a la libre determinación de los pueblos.
Brigadas Internacionales de la Paz en Guatemala
Esta organización trabaja protegiendo, a través del acompañamiento, a personas u organizaciones que se ven amenazadas por el hecho de defender los Derechos Humanos. Desde 1981, PBI trabaja en Guatemala, el apoyo a la asociación Q’amoló Sanjuaní Ki es uno de sus proyectos. El asesinato de Germán Antonio Curup, hijo de Abelardo Curup, líder comunitario que se oponía a la instalación de una planta, y la detención de varias personas ligadas a la asociación ponen de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas de la zona en conflicto.
En Septiembre de 2009 CONAVIGUA, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, otra de las organizaciones con las que trabaja PBI publicó un informe revelador: “Diagnóstico situacional, impacto cultural de la minería en las comunidades mayas Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, Guatemala”, en él se muestra como la minería afecta negativamente a la forma de vida, organización social, política y productividad económica de los mayas kaqchikeles, ligados culturalmente a la armonía y equilibrio con la Tierra.
La asociación Q’amoló Sanjuaní Ki
Q’amoló Sanjuaní Ki es una asociación compuesta por las doce comunidades mayas Kaqchikeles amenazadas por el proyecto de la empresa Cementos Progreso SA, en el municipio de San Juan de Sacatepéquez en Guatemala. En ella, los vecinos de las comunidades se aglutinan para luchar en defensa de su Derechos.
Jose Mauro Cosojay es representante de esta asociación y los próximos días, desde el 9 al 12 de Febrero, visitará Holanda. En esta visita participará en diferentes actos en varias ciudades del país, dando a conocer a la sociedad holandesa la situación de vulneración de los Derechos Humanos que está sufriendo su pueblo.
Noticias junto a las Brigadas Internacionales de la Paz preparan un evento en el que podremos ver el documental ‘Heart of Sky, Heart of Earth’ y posteriormente participar junto a Mauro Cosojay en una mesa redonda.
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